El caso comenzó en agosto de 1976 cuando Ana Lía Magliaro fue secuestrada y trasladada a Mar del Plata. Un mes después su cuerpo acribillado apareció en el barrio Constitución.
Los ex militares Alfredo Arrillaga y Leandro Marquiequi fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de la estudiante Ana Lía Magliaro, ocurrido en los primeros días de septiembre de 1976.
La sentencia fue dictada por los jueces Nestor Parra, Bernardo Bibel y María Morgese Martin, quienes hallaron responsable a ambos represores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Por este crimen ya había sido condenado Pedro Barda y Valentín Rezzet, quienes integraban los más altos mandos de la Subzona 15 con asiento en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601.
Increíble: los condenados a perpetua se fueron caminando hasta el hotel donde se alojan. Uno acompañado por su esposa, otro por su abogado.
Magliaro estuvo detenida inicialmente en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio, donde fue sometida a reiteradas sesiones de tortura y permaneció dos meses junto a otras detenidas a quienes luego trasladaron a la cárcel de Villa Devoto, mientras que ella fue enviada a Mar del Plata.
Marquiegui y Arrillaga integraban por entonces la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601), unidad que estaba a cargo de la Subzona 15 y que tenía la responsabilidad primaria en la represión ilegal y ambos eran los máximos asesores de su jefe, el coronel Barda.
La investigación arrojó que el 4 de agosto un capitán del Ejército buscó a la víctima en la comisaría 34 para llevarla hasta Mar del Plata en avión, donde fue puesta a disposición de la AADA 601.
Casi un mes después, el 2 de septiembre, su cuerpo fue encontrado acribillado en la vía pública, en el barrio Constitución de la ciudad balnearia, con varios impactos de bala, la boca marcada por la posible presión de una mordaza, hematomas en las muñecas, el pecho y la vagina, y las marcas de quemadura de la picana eléctrica.
Según entendió la Fiscalía, las fuerzas represivas consideraban que Magliaro había participado en el atentado que le costó la vida al coronel Rafael Raúl Reyes, entonces jefe de la Subzona 15, un miembro notorio de la dictadura, al punto de que el propio genocida Jorge Rafael Videla acudió a su sepelio en el cementerio de la Chacarita.
“Esto explica el despliegue del operativo para trasladar en la forma en que se hizo a Magliaro hasta Mar del Plata”, apuntó el fiscal Juan Manuel Portela, quien junto a María Eugenia Montero acusaron a Marquiequi y a Arrillaga por el delito de “homicidio, agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.